En un giro sin precedentes hacia la justicia social y el respeto a la dignidad internacional, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), ha consolidado una estrategia migratoria que marca un antes y un después en la historia del país.
Cifras que transforman vidas
Bajo la premisa de que “la migración es un derecho y no un delito”, la administración actual ha logrado transformar el tránsito de miles de personas por territorio hondureño, sustituyendo las sanciones económicas por un acompañamiento humano y seguro.
Lo que comenzó como una meta ambiciosa de alcanzar a 100,000 personas, ha superado todas las expectativas. Al cierre de agosto de 2023, la Amnistía Migratoria ha beneficiado a:
- 361,011 migrantes eximidos del pago de multas por ingreso irregular.
- 100% de ahorro en la sanción administrativa (aprox. $236 USD), permitiendo que las familias utilicen sus recursos para necesidades básicas.
- Vigencia histórica: Una medida activa desde el 4 de agosto de 2022, respaldada por el Congreso Nacional.
“Nuestra prioridad es la vida y la dignidad. Honduras ya no es un muro, sino un puente de solidaridad bajo un control biométrico ordenado y seguro.” — Gerencia de Derechos Humanos, INM.
Pilares de la Estrategia Institucional
El fortalecimiento de la Gerencia de Derechos Humanos no es solo un cambio de nombre, sino una reestructuración operativa que incluye:
- Control Biométrico Eficiente: Permite un registro ordenado y garantiza la seguridad tanto del migrante como del Estado.
- Atención Integral: Espacios dignos donde se prioriza a grupos vulnerables, mujeres, niños y niñas en tránsito.
- Plan Nacional de Reintegración: Un compromiso que no olvida a los nuestros, brindando oportunidades reales a los hondureños retornados para reconstruir su futuro en su tierra.
Un modelo para la región
Con estas acciones, Honduras se posiciona como un referente en Centroamérica, cumpliendo con el Plan de Gobierno de la presidenta Castro y alineándose con los tratados internacionales de protección al migrante. La eliminación de la multa por ingreso no autorizado es, en esencia, la eliminación de una barrera que antes criminalizaba la pobreza y la necesidad.
